La salud no es neutral y las estadísticas globales revelan una realidad innegable: aunque hombres y mujeres comparten numerosas condiciones médicas, ellas enfrentan desafíos únicos y profundos marcados tanto por su biología como por las imposiciones socioculturales que dictan los roles de género. En su documento "El Derecho a la salud de la mujer", publicado por la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, la jueza Susana E. Medina expone cómo las normas culturales y las desigualdades estructurales limitan históricamente el acceso femenino a una atención integral, recordando que instrumentos internacionales fundamentales como la CEDAW exigen a los Estados garantizar una igualdad absoluta en servicios esenciales que van desde la planificación familiar hasta el parto.
El impacto de estas desigualdades trasciende la atención médica básica y se entrelaza con factores socioeconómicos y psicosociales alarmantes, donde la violencia de género se erige como una de las amenazas más graves para el bienestar físico y mental de las mujeres. A esto se suman realidades preocupantes desglosadas en el informe, como la mayor vulnerabilidad frente al VIH en mujeres jóvenes, las aterradoras tasas de violencia sexual y la persistente brecha salarial en el sector sanitario, donde ellas representan el 67% de la fuerza laboral global pero ganan hasta un 24% menos que sus colegas masculinos. Curiosamente, a pesar de ser más longevas, las mujeres experimentan mayores tasas de morbilidad y hacen un uso mucho más intensivo de los servicios de salud debido a su vinculación con la salud reproductiva, evidenciando que el sistema actual sigue cojeando en equidad.
Garantizar que la mitad de la población mundial alcance el más alto nivel de bienestar exige una transformación radical en la formulación de políticas públicas que dejen de tratar a los pacientes bajo un estándar masculino universal. Adoptar una perspectiva de género en la medicina no es una concesión ideológica, sino una necesidad imperativa para proteger a los grupos más vulnerables, derribar barreras estructurales y asegurar que el derecho fundamental a la salud sea, de una vez por todas, una realidad justa e igualitaria para todas las mujeres.
